
Las elecciones en Bolivia no se limitarán solamente a ratificar a Evo Morales en el poder, sino que determinarán importantes lineamientos en el futuro mediato e inmediato del país.
Todas las encuestas sitúan a Evo Morales como ganador de las elecciones presidenciales. Pero no está tan claro si el presidente virtualmente reelecto contará con la mayoría legislativa necesaria para trazar los lineamientos del nuevo Estado boliviano que él imagina.
Desde su llegada al poder, Evo Morales fue portador de numerosos y polémicos cambios.
Uno de ellos fue la nacionalización de los hidrocarburos, medida mediante la cual se obligó a que las empresas que explotaban los yacimientos -principalmente de gas- se transformaran en empresas mixtas, en las cuales Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) pasó a controlar al menos un 51 por ciento del capital. Esas empresas debieron entregar su producción a YPFB encargada entonces de la comercialización, de definir condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización. El estado Boliviano pasó a quedarse con el 82 por ciento de los ingresos y las petroleras con un 18 por ciento.
Otro de los cambios relevantes introducidos por Morales fue la distribución de las tierras. Mediante una serie de decretos se ordenó entregar títulos de propiedad de tierras estatales a campesinos humildes, en particular, indígenas. Esta medida es parte de un plan mucho más ambicioso: la nacionalización de los latifundios para su redistribución entre los trabajadores agropecuarios, históricamente en una situación de explotación.
Otro de los cambios, de fuerte repercusión política, fue la reforma de la Constitución Nacional. La Asamblea Constituyente de Bolivia cumplió nueve meses antes de redactar el primer artículo de la nueva Carta Magna, debido al boicot de la oposición cuyo bastión estaba en Sucre, sede de la Asamblea y la negativa del poder legislativo a trasladar la sede a otra ciudad donde hubieran las garantías necesarias para las reuniones. La iniciativa fue finalmente aprobada el 30 de noviembre de 2007, en medio de una crisis por el desconocimiento de la oposición a la legalidad de la asamblea. Su promulgación definitiva quedó condicionada ad referendum. Finalmente, el 25 de enero de 2009 se llevó a cabo la consulta para ratificar la nueva Constitución, que tuvo una participación del 90,26 por ciento y fue aprobada por el 61,43 por ciento del total.
De dicha reforma constitucional se desprende quizás el mayor interrogante que pende sobre la política boliviana: cómo será la composición de la primera A
samblea Plurinacional, el máximo organismo legislativo nacido de la nueva Carta Magna. El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que ya en su primera etapa tuvo el control sobre la Cámara Baja, lucha por lograr la mayoría de los dos tercios que necesita en el Senado para poder sancionar todas las leyes que le permitan a Morales continuar con los cambios que viene implementando.
Pero no todo es color de rosa. Las principales instituciones democráticas bolivianas se encuentran incompletas o bien, son virtualmente inexistentes. No hay un Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Banco Central están en manos de interinos. La Corte Electoral está diezmada y sobrevive bajo el fuego cruzado del gobierno y la oposición. Éste vacío de poder institucional es el que Morales espera ocupar tras las elecciones.
Pese a que se lo asimila frecuentemente a su par venezolano,
Hugo Chávez, Morales enfrenta una realidad diferente. Morales no es Chávez, aunque muchas veces deba recurrir a su respaldo internacional. No cuenta con los fabulosos ingresos procedentes del petróleo de los que si dispone el gobierno venezolado. La billetera de Morales es mucho menos abultada y los problemas de la mayoría de los bolivianos, tanto o más acuciantes que los de los venezolanos. Basta señalar que más de la mitad de la población del país se encuentra en situación de pobreza.
Como primer presidente de origen indígena en la historia de Bolivia, Morales tuvo que enfrentar numerosos desafíos, que se podrían resumir en dos: reivindicar los derechos de la mayoría étnica compuesta por los pueblos originarios bolivianos y, encarar un proceso de redistribución de la riqueza que alcance a los más desfavorecidos.
Pueden cuestionársele a Morales los métodos empleados, muchas veces reñidos con las reglas de juego de la democracia, sobre todo en lo que al respeto de los derechos de las minorías se refiere. Por momentos, su gobierno parece confundir “democracia” con “regla de la mayoría” y la democracia es cualitativamente superadora del gobierno de los más numerosos. De hecho, hay sectores de su gobierno que piensan que tras tantos años de opresión de los grupos indigenistas (55 por ciento de la población) por la minoría blanca, ilustrada, rica y poderosa (7 por ciento), es tiempo de revancha y ahora la mayoría puede y debe tomar las decisiones como le plazca. Sin embargo, si lo que se desea es construir las bases de una sociedad justa, con igualdad de derechos y de oportunidades y con libertad, la revancha no se encuentra entre las posibilidades. Los indígenas ocupan actualmente numerosos puestos públicos y participan más en la economía formal. Además, medidas como la entrega gratuita de los certificados de nacimiento o del título secundario han puesto nombre y apellido a mucha gente que se ha integrado a los circuitos estatales. El ascenso del poder indígena es un tema espinoso en Bolivia porque despierta temores de que acabe en un mero cambio de una elite por otra, en vez de buscar un equilibrio en la convivencia.
Pero una de las curiosidades más interesantes en este punto es el hecho de que más allá de los aciertos y desaciertos de Morales, o de su influencia sobre los sectores populares, la oposición es una masa amorfa, desarticulada y, en consecuencia, carente de posibilidades electorales razonables. Coexisten mercenarios políticos, líderes regionales que buscan una proyección nacional y los restos de los partídos políticos tradicionales.
Esta situación abre un signo de interrogación sobre lo que sucede con los partidos políticos en Bolivia y en otros países latinoamericanos. Porque pese a las casi permanentes denuncias de fraude por parte de las agrupaciones opositoras, los sondeos le otorgan unánimemente a Morales una mayor intención de voto. Simultáneamente, los observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos no manifiestan grandes objeciones respecto del proceso electoral.
Independientemente de los resultados de las elecciones, en las que se descuenta la victoria de Morales y es aun incierto lo que sucederá en el panorama legislativo, hay un dato que no puede escaparse. Bolivia, como otros países de la región, deberá regenerar su sistema de partidos políticos de manera tal de ofrecerle a la población alternativas válidas y con posibilidades ciertas de alternarse en el poder. Los partidos políticos deberían funcionar como auténticos laboratorios en los cuales se ensaye el arte de gobernar, para evitar improvisaciones que luego son costosísimas para los pueblos.
Nada le hará mejor a Evo Morales y al partido gobernante que una oposición sana y fuerte. De lo contrario, si del otro lado queda “la nada”, puede cometer el grueso error de considerarse “el todo”. La buena salud de la democracia es indispensable para determinar si en el futuro, Bolivia evoluciona.
Todas las encuestas sitúan a Evo Morales como ganador de las elecciones presidenciales. Pero no está tan claro si el presidente virtualmente reelecto contará con la mayoría legislativa necesaria para trazar los lineamientos del nuevo Estado boliviano que él imagina.
Desde su llegada al poder, Evo Morales fue portador de numerosos y polémicos cambios.
Uno de ellos fue la nacionalización de los hidrocarburos, medida mediante la cual se obligó a que las empresas que explotaban los yacimientos -principalmente de gas- se transformaran en empresas mixtas, en las cuales Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) pasó a controlar al menos un 51 por ciento del capital. Esas empresas debieron entregar su producción a YPFB encargada entonces de la comercialización, de definir condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización. El estado Boliviano pasó a quedarse con el 82 por ciento de los ingresos y las petroleras con un 18 por ciento.
Otro de los cambios relevantes introducidos por Morales fue la distribución de las tierras. Mediante una serie de decretos se ordenó entregar títulos de propiedad de tierras estatales a campesinos humildes, en particular, indígenas. Esta medida es parte de un plan mucho más ambicioso: la nacionalización de los latifundios para su redistribución entre los trabajadores agropecuarios, históricamente en una situación de explotación.
Otro de los cambios, de fuerte repercusión política, fue la reforma de la Constitución Nacional. La Asamblea Constituyente de Bolivia cumplió nueve meses antes de redactar el primer artículo de la nueva Carta Magna, debido al boicot de la oposición cuyo bastión estaba en Sucre, sede de la Asamblea y la negativa del poder legislativo a trasladar la sede a otra ciudad donde hubieran las garantías necesarias para las reuniones. La iniciativa fue finalmente aprobada el 30 de noviembre de 2007, en medio de una crisis por el desconocimiento de la oposición a la legalidad de la asamblea. Su promulgación definitiva quedó condicionada ad referendum. Finalmente, el 25 de enero de 2009 se llevó a cabo la consulta para ratificar la nueva Constitución, que tuvo una participación del 90,26 por ciento y fue aprobada por el 61,43 por ciento del total.
De dicha reforma constitucional se desprende quizás el mayor interrogante que pende sobre la política boliviana: cómo será la composición de la primera A
samblea Plurinacional, el máximo organismo legislativo nacido de la nueva Carta Magna. El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que ya en su primera etapa tuvo el control sobre la Cámara Baja, lucha por lograr la mayoría de los dos tercios que necesita en el Senado para poder sancionar todas las leyes que le permitan a Morales continuar con los cambios que viene implementando.Pero no todo es color de rosa. Las principales instituciones democráticas bolivianas se encuentran incompletas o bien, son virtualmente inexistentes. No hay un Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Banco Central están en manos de interinos. La Corte Electoral está diezmada y sobrevive bajo el fuego cruzado del gobierno y la oposición. Éste vacío de poder institucional es el que Morales espera ocupar tras las elecciones.
Pese a que se lo asimila frecuentemente a su par venezolano,
Hugo Chávez, Morales enfrenta una realidad diferente. Morales no es Chávez, aunque muchas veces deba recurrir a su respaldo internacional. No cuenta con los fabulosos ingresos procedentes del petróleo de los que si dispone el gobierno venezolado. La billetera de Morales es mucho menos abultada y los problemas de la mayoría de los bolivianos, tanto o más acuciantes que los de los venezolanos. Basta señalar que más de la mitad de la población del país se encuentra en situación de pobreza.Como primer presidente de origen indígena en la historia de Bolivia, Morales tuvo que enfrentar numerosos desafíos, que se podrían resumir en dos: reivindicar los derechos de la mayoría étnica compuesta por los pueblos originarios bolivianos y, encarar un proceso de redistribución de la riqueza que alcance a los más desfavorecidos.
Pueden cuestionársele a Morales los métodos empleados, muchas veces reñidos con las reglas de juego de la democracia, sobre todo en lo que al respeto de los derechos de las minorías se refiere. Por momentos, su gobierno parece confundir “democracia” con “regla de la mayoría” y la democracia es cualitativamente superadora del gobierno de los más numerosos. De hecho, hay sectores de su gobierno que piensan que tras tantos años de opresión de los grupos indigenistas (55 por ciento de la población) por la minoría blanca, ilustrada, rica y poderosa (7 por ciento), es tiempo de revancha y ahora la mayoría puede y debe tomar las decisiones como le plazca. Sin embargo, si lo que se desea es construir las bases de una sociedad justa, con igualdad de derechos y de oportunidades y con libertad, la revancha no se encuentra entre las posibilidades. Los indígenas ocupan actualmente numerosos puestos públicos y participan más en la economía formal. Además, medidas como la entrega gratuita de los certificados de nacimiento o del título secundario han puesto nombre y apellido a mucha gente que se ha integrado a los circuitos estatales. El ascenso del poder indígena es un tema espinoso en Bolivia porque despierta temores de que acabe en un mero cambio de una elite por otra, en vez de buscar un equilibrio en la convivencia.

Pero una de las curiosidades más interesantes en este punto es el hecho de que más allá de los aciertos y desaciertos de Morales, o de su influencia sobre los sectores populares, la oposición es una masa amorfa, desarticulada y, en consecuencia, carente de posibilidades electorales razonables. Coexisten mercenarios políticos, líderes regionales que buscan una proyección nacional y los restos de los partídos políticos tradicionales.
Esta situación abre un signo de interrogación sobre lo que sucede con los partidos políticos en Bolivia y en otros países latinoamericanos. Porque pese a las casi permanentes denuncias de fraude por parte de las agrupaciones opositoras, los sondeos le otorgan unánimemente a Morales una mayor intención de voto. Simultáneamente, los observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos no manifiestan grandes objeciones respecto del proceso electoral.
Independientemente de los resultados de las elecciones, en las que se descuenta la victoria de Morales y es aun incierto lo que sucederá en el panorama legislativo, hay un dato que no puede escaparse. Bolivia, como otros países de la región, deberá regenerar su sistema de partidos políticos de manera tal de ofrecerle a la población alternativas válidas y con posibilidades ciertas de alternarse en el poder. Los partidos políticos deberían funcionar como auténticos laboratorios en los cuales se ensaye el arte de gobernar, para evitar improvisaciones que luego son costosísimas para los pueblos.
Nada le hará mejor a Evo Morales y al partido gobernante que una oposición sana y fuerte. De lo contrario, si del otro lado queda “la nada”, puede cometer el grueso error de considerarse “el todo”. La buena salud de la democracia es indispensable para determinar si en el futuro, Bolivia evoluciona.






























