A MI MANERA

Dilma Rousseff le está dando a su gobierno una fisonomía propia, distinguiéndose cada vez más de su popular antecesor, Luiz Inacio Lula Da Silva. Su postura ante los hechos de corrupción y el ejercicio personalista del poder son clave de ese proceso.

La primera presidente mujer de la historia de Brasil llegó al poder legítimamente, pero buena parte de esa legitimidad, se la debe a la enorme popularidad de su antecesor y mentor, Luiz Inacio Lula Da Silva. Es por eso que, cultivando un perfil propio, está construyendo una legitimidad propia. En términos de análisis político, puede decirse que Rousseff llegó a la presidencia con una legitimidad de origen que le fue “prestada” y que ahora se haya en proceso de elaboración de una legitimidad propia en el ejercicio del poder.
La sociedad brasileña la mira cada vez con mejores ojos. Incluso aquellos que no la votaron comienzan a verla con simpatía. Las explicaciones pueden buscarse en múltiples factores, pero es menester concentrarse principalmente en dos.  

El primero es la postura -muy diferente a la de Lula- que Dilma ha tomado respecto a la corrupción. El expresidente fue contemplativo con los casos que afectaron a varios de sus colaboradores y decidió sostenerlos en el cargo presuponiendo su inocencia hasta tanto la justicia demostrara lo contrario. En muchos casos debió apartar a altos funcionarios y lo hizo, pero siempre esperando el accionar de la justicia. Dilma adoptó una postura radicalmente distinta. Ante la mera sospecha instalada sobre alguno de sus funcionarios, los aparta del cargo.
Dos hechos así lo demostraron en las últimas semanas. Dilma apartó de la jefatura de la Casa Civil -cargo equivalente a la jefatura de Gabinete de Ministros- a Antonio Palocci, un hombre del riñón de Lula. Pese a que públicamente Palocci renunció a su cargo a partir de un escándalo surgido tras conocerse que su patrimonio había aumentado veinte veces en los últimos cuatro años, está claro que ningún funcionario se retira de las alturas del poder sin la anuencia del presidente. En su lugar, designó a una abogada de su extrema confianza pero desconocida para la mayoría de los brasileños, Gleisi Hoffmann. El hecho recordó a muchos el nombramiento de Dilma en ese mismo cargo por parte de Lula, cuando ella era una perfecta desconocida para la opinión pública. Es por ese motivo que ya hay quienes se refieren a Hoffmann como “la Dilma de Dilma”.
El segundo hecho que demuestra la actitud de Rousseff ante la corrupción es la destitución de catorce funcionarios del ministerio de Transportes -incluyendo al ministro, Alfredo Nascimento- debido a un escándalo publicado por la prensa, relacionado con fraudes en contratos públicos y desvíos de recursos públicos en el ministerio. La metodología fue la misma que en el caso anterior: Nascimento presentó su renuncia irrevocable, a pedido o con la anuencia de la presidente. La cartera de Transporte es la que mayor presupuesto maneja en el Estado y es una prenda codiciada por muchos políticos, especialmente si se tiene en cuenta que Brasil es el país organizador del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Lo cierto es que la prensa reveló que la ayuda enviada puntualmente desde Brasilia a las víctimas de las inundaciones que arrasaron en enero las ciudades turísticas de la sierra de Río de Janeiro -la mayor tragedia natural del país en 40 años- acabó siendo devorada por la corrupción de los políticos locales. Las torrenciales lluvias dejaron un saldo de más de mil muertos y cerca de 10 mil personas sin casa. A eso se añadió la reciente noticia de que el 70 por ciento de los municipios desvía el dinero destinado a las escuelas y a la sanidad. Los grandes diarios brasileños como O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo o semanarios como Veja o Istoé y cientos de blogs han denunciado reiteradamente los casos de corrupción que cunden en los distintos niveles del Estado.
El problema de la corrupción es de larga data y de grandes dimensiones en Brasil y nunca tuvo un estado más público que ahora. Porque hasta en los dos gobiernos de Lula, muchos se veían desalentados a denunciarlos debido a la enorme popularidad del presidente.
Pero si resulta sorprendente la actitud fiscalizadora que asumió la prensa con sus denuncias, más aún lo es la actitud de Dilma Rousseff, quien tomó inmediatamente medidas sobre esos casos: lejos de esperar al resultado de las investigaciones judiciales, puso en la calle a los funcionarios sospechados. El impacto a futuro de estas medidas es todavía incalculable. Por el momento, esto le ha ganado a la presidente el apoyo de buena parte de la sociedad, especialmente de los sectores menos politizados. Entre los políticos y los funcionarios ha causado sorpresa, inquietud y hasta temor. De hecho, ha comenzado a hablarse de la posibilidad de un pacto transversal contra la corrupción entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición. Si Dilma fuera capaz de llevar esto adelante, se ganaría un lugar de privilegio ante la opinión pública.
Posiblemente Dilma esté evaluando que la lucha contra la corrupción podría ser su mejor bandera para acercar voluntades. Sobre todo porque la nueva clase media surgida del proceso redistributivo que iniciara Lula, no parece dispuesta a mirar hacia otro lado ante la rapiña de los recursos públicos a manos de los corruptos, mientras la infraestructura -carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos- no se adapte a la pujanza económica que vive Brasil. No es casualidad que la limpieza haya comenzado en el ministerio responsable de dichas obras, paralizadas en parte por la corrupción.
El segundo factor por el cual Rousseff está conquistando a los brasileños con luz propia, tiene que ver con el estilo mucho más personalista con el que ejerce el poder. Lula se comportaba en la política interna de acuerdo a su formación sindical como un componedor, estableciendo permanentes equilibrios entre su partidos y las otras diez fuerzas políticas que lo acompañaban. Dicho por muchos de sus colaboradores, ejercía el poder casi como un primer ministro. Dilma por el contrario, ejerce el poder de una manera mucho más individualista, de un modo más cercano al presidencialismo tradicional. De hecho, nombró al nuevo ministros de Transportes, Paulo Sergio Passos, sin consultar a las fuerzas aliadas, tal como lo hiciera con Hoffmann. Esta forma de ejercer el poder le trae no pocas fricciones con las fuerzas políticas aliadas. Pero simultáneamente, esta diferencia en las formas del ejercicio del poder, que gusta especialmente a los sectores más politizados de la sociedad brasileña, no la distancia tanto en el fondo respecto de Lula. Ambos se parecen al extremo en su independencia para decidir. Ni Lula ni Dilma parecen desvelarse demasiado por satisfacer a sus correligionarios del Partido de los Trabajadores.
Dilma también se distingue de Lula en un detalle no menor: es poco amiga de la exposición pública. Gobierna prácticamente sin aparecer en los medios de comunicación. Pero mientras la presidente genera su propia legitimidad en el ejercicio del poder, mientras construye su propia popularidad, Lula no se queda quieto. Ya anunció el lanzamiento de un portal de internet en el cual dialogará con los cybernautas y no parece dispuesto a perder protagonismo en la escena política brasileña.
Dilma Rousseff sabe que no cuenta con el carisma personal de Lula y tiene que ganarse a la nueva clase media que en 2014, cuando vuelva a estar en juego la presidencia, será mayoría en el país. Ha comenzado a hacerlo. A su manera.